La Agencia de Ayuda Legal del Reino Unido confirma que los hackers robaron registros que se remontan a 1978

La Agencia de Ayuda Legal (LAA), un organismo ejecutivo del Ministerio de Justicia del Reino Unido que gestiona el Servicio Público de Defensa, ha informado que los atacantes que irrumpieron en sus sistemas de TI en abril de 2025 sustrajeron registros que datan de 1978. La agencia cuenta con alrededor de 1.250 empleados, supervisa miles de millones en financiación legal y colabora con aproximadamente 2.000 proveedores, entre abogados, bufetes y organizaciones sin ánimo de lucro que prestan servicios de asistencia jurídica civil y penal en Inglaterra y Gales.

La LAA reveló el ciberataque a principios de mayo de 2025, advirtiendo que la información de pago de los proveedores de ayuda legal podría haberse visto comprometida. Dos semanas después, confirmó que la filtración resultante era más grave de lo que se pensaba inicialmente, tras descubrir que los atacantes habían robado una gran cantidad de datos confidenciales de solicitantes y beneficiarios desde 2010 en adelante, incluyendo datos de contacto, fechas de nacimiento, números de identificación nacional, antecedentes penales, situación laboral, así como importes de contribuciones, deudas y pagos. Los actores de la amenaza también sustrajeron datos de los proveedores de ayuda legal, como contratos, ubicaciones de oficinas, información financiera, datos de contacto y credenciales del Portal en Línea de la LAA (incluyendo nombres y direcciones de correo electrónico), entre otros.

En una actualización publicada esta semana, la LAA señaló que un análisis posterior de los datos exfiltrados encontró que los registros robados se remontan casi cinco décadas atrás. "La gran mayoría de los datos de la LAA se refieren a solicitudes, reclamaciones o pagos presentados a la LAA entre enero de 2007 y el 16 de mayo de 2025, o a casos que estuvieron activos durante ese período. Sin embargo, ahora hemos confirmado que aproximadamente 250.000 registros son anteriores a 2007", declaró la agencia. "La inmensa mayoría de estos son de las décadas de 1990 y 2000, con solo un número extremadamente pequeño anterior a 1990. El registro más antiguo verificado hasta ahora data de 1978".

No obstante, la agencia aclaró que los registros anteriores a 2007 no significan que todas las personas que recibieron, solicitaron ayuda legal o interactuaron con el sistema judicial antes de 2007 se hayan visto afectadas. "Reconocemos que incidentes de esta naturaleza son preocupantes para cualquier persona afectada. Por eso publicamos información en GOV.UK lo antes posible y hemos seguido actualizándola a medida que evolucionaba nuestra comprensión del ciberataque", declaró un portavoz del Ministerio de Justicia a BleepingComputer. "Antes del ciberataque, ya habíamos comprometido 20 millones de libras para estabilizar y actualizar los sistemas digitales de la Agencia de Ayuda Legal. Ahora estamos invirtiendo más de 200 millones de libras en modernizar los servicios digitales, mejorar la resiliencia y reforzar la ciberseguridad en todos los servicios de ayuda legal. Actualmente no hay evidencia de que se hayan publicado datos personales que se cree que fueron exfiltrados".

Tras la brecha en la LAA, a la que siguieron una serie de ciberataques contra las cadenas minoristas británicas Co-op, Harrods y Marks & Spencer (M&S), reivindicados por la operación de ransomware DragonForce, el Centro Nacional de Ciberseguridad (NCSC) del país publicó una guía y aconsejó a las organizaciones británicas seguirla para fortalecer sus defensas cibernéticas. En enero, el Reino Unido también anunció una nueva estrategia de ciberseguridad, respaldada con más de 210 millones de libras (283 millones de dólares), para impulsar las defensas cibernéticas en los departamentos gubernamentales y el sector público en general.

Esta semana, el Servicio de Defensoría de Vivienda del Reino Unido (Housing Ombudsman Service), un organismo público no departamental patrocinado por el Ministerio de Vivienda que resuelve disputas entre residentes de vivienda social y arrendadores sociales en Inglaterra, reveló que está investigando un incidente de seguridad de TI de un tercero que afectó a su sistema de gestión de casos.

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